Politica
Los jueces, a la espera del resultado para definir el futuro de ciertas causas.
Si Cristina saliera fortalecida, muchos juicios podrían ralentarse. Si prevaleciera el Gobierno, la ola anticorrupción podría convertirse en un vendaval.

Uno de los sitios en los que se seguirán con más interés los resultados del comicio de hoy es la mole de concreto en la que funcionan los juzgados federales porteños, en cuyas oficinas se tramitan todas las causas por corrupción contra funcionarios y ex funcionarios públicos nacionales.

En los despachos de ese edificio de Retiro, en los que durante años enmohecieron a puro olvido cientos de expedientes, ahora hay una mezcla de ansiedad, esperanza y preocupación. Un lote de jueces y fiscales -aún minoritario, pero muy decidido- espera que las urnas reflejen su esfuerzo por levantar la pésima imagen de la justicia. Con la arbitrariedad que toda enumeración implica, allí se podría ubicar a los fiscales Carlos Rívolo, Federico Delgado, Gerardo Pollicita, Eduardo Taiano y Guillermo Marijuan; a los jueces Julián Ercolini y Claudio Bonadio; a los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia; y a varios jueces de la Casación, como Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. No son los únicos, por supuesto.

Desde que el cambio de gobierno abrió una luz de oportunidad para descongelar algunas causas petrificadas durante los años kirchneristas, este grupo intentó apurar el paso lo más posible. Un detalle técnico: cuando un caso está diseñado para dormitar, o dirigido hacia un oscuro callejón, no es nada fácil acelerar los pasos procesales para despertarlo o redirigirlo. ¿Un ejemplo? La ruta del dinero K.

Aunque habían sido formalmente iniciados hace nueve o diez años, otros expedientes comenzaron casi desde cero, y paradójicamente quizás eso permitió que avanzaran con más velocidad: la asociación ilícita para cometer actos de corrupción en la obra pública -con epicentro en los contratos viales de Santa Cruz-, el enriquecimiento ilícito de José López -cuyo episodio nocturno en el convento de General Rodríguez desencadenó la recolección de otras pruebas que antes también estaban servidas- y, por supuesto, la colección de causas contra Cristina Kirchner y Julio De Vido, que en un año y medio les valieron tres y cinco procesamientos respectivamente.

Con menos estridencia y a un paso más lento, otra selección de magistrados avanza en casos que parecían olvidados: Sueños Compartidos, enriquecimiento ilícito o fraudes al Estado por parte de varios ex funcionarios K (Carlos Liuzzi, Guillermo Moreno, Katya Daura y otros cuantos). Otro grupo, en cambio, mantiene el status quo de morosidad y dilación que tantas alegrías les trajo a los ex funcionarios kirchneristas más sospechados. Por piedad republicana no los mentaremos, aunque allí reportarían no pocos fiscales de distintas instancias, algunos jueces federales y otros incombustibles magistrados de la Cámara Federal y la Casación.

Todos ellos, entonces, encenderán la televisión hoy a las 21 para ver hacia dónde apunta el sendero político que con tan fino olfato siguieron -o resistieron- durante años. El ritmo y la profundidad de su trabajo sin duda se verán influidos por los resultados de las PASO: en el horno hay pedidos de indagatoria y nuevos procesamientos para Cristina en las investigaciones vinculadas a la denuncia del fiscal Alberto Nisman y a los contratos de Aerolíneas Argentinas con sus hoteles, y los históricos juicios orales contra Julio De Vido por la tragedia de Once y contra Amado Boudou por el caso Ciccone. Del horno pueden viajar a la mesa antes de las elecciones de octubre. O guardarse en el freezer.

Las señales preelectorales vienen siendo claras: la corrupción se mantiene en el podio de las preocupaciones de los argentinos (detrás del empleo y la inseguridad), casi todas las fuerzas políticas seleccionaron candidatos con renombre en la lucha por la transparencia y la justicia -Elisa Carrió, Graciela Ocaña, Margarita Stolbizer- y dos marchas espontáneas de personas reclamando el fin de la impunidad en Comodoro Py y el palacio de Tribunales vienen escalando el volumen de esa exigencia. Antes de fin de año habrá más muestras de la inquietud, que los jueces no podrán soslayar.

Pero antes -y después- hay que votar. Si Cristina Kirchner ganara en la Provincia o su desempeño fuera notable, los semáforos encenderán la luz roja. Si prevaleciera el Gobierno, la cascada de imputaciones, indagatorias y procesamientos -quizás hasta alguna condena- ganaría en caudal.

¿Será suficiente para dar por inaugurada una nueva era judicial? En su libro La estructura de las revoluciones científicas, el filósofo estadounidense Thomas Kuhn desarrolló su teoría sobre el avance de las ciencias. Bajo el concepto de paradigma -un sistema de saberes y relaciones aceptado por toda la comunidad-, Kuhn explicó que los hechos, hipótesis y ejemplos que no encajan con ese paradigma son tomados como anomalías. Algunas pueden ser despreciadas como errores en la observación, mientras que otras pueden requerir algunos pequeños ajustes del paradigma actual que las explicaría en su momento. Pero si las anomalías comienzan a acumularse, persisten o se agravan, el paradigma entra en crisis y se abre una etapa de revolución hasta que se consagra un nuevo paradigma. Sin ser científicos, jueces y fiscales esperan ver si la llegada al poder de Mauricio Macri y su agenda anticorrupción es una anomalía en el acendrado sistema de impunidad, o si estamos en los albores de una revolución judicial. Si así fuera, será mejor que a muchos de ellos los encuentre confesados.

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